Saltar al contenido principal

Legisladores demócratas del Caucus Hispano enviaron una carta a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para pedirle rechazar la propuesta de un impuesto especial de 5% sobre las transferencias de remesas, presentada recientemente por el Comité de Recursos y Arbitrios.

Esta disposición, advierten, “afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes, socava los lazos económicos con nuestros vecinos del hemisferio y contradice los principios mismos de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo afirma defender”.

Explican que las remesas son un pilar fundamental tanto para la ayuda humanitaria como para el desarrollo económico.

“Tan solo en 2023, los residentes de Estados Unidos enviaron 93 mil millones de dólares en remesas a nivel mundial, según el Banco Mundial. Estas transferencias no son lujos frívolos; son vitales para ayudar a los familiares en el extranjero a cubrir sus necesidades de alimentación, ropa, educación y vivienda en países donde estas necesidades básicas suelen estar fuera de su alcance”, detallan.

En la misiva, subrayan que dicho impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas, incluyendo a titulares de tarjetas de residencia permanente y visas de no inmigrante, mientras que eximiría a los ciudadanos Estadounidenses.

“Esto crea un preocupante sistema de dos niveles que castiga a los inmigrantes respetuosos de la ley y trabajadores que contribuyen a nuestra economía y que a menudo desempeñan empleos esenciales en la agricultura, la atención médica, la infraestructura y la tecnología. Es discriminatorio en la práctica y punitivo en sus efectos”, sostienen.

Apuntan además, que en términos generales, esta política tensaría las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos.

América Latina y el Caribe (ALC) recibió más de 160 mil 900 millones de dólares en remesas el año pasado: 65 mil 100 millones de dólares se dirigieron solo a México, seguidos de flujos significativos a Guatemala, República Dominicana, Colombia y El Salvador.

El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que estas transferencias crecieron un 9% en 2023 y son fundamentales para la estabilidad y el desarrollo regional: “Imponerles un impuesto federal envía un mensaje inequívoco de hostilidad tanto a los trabajadores migrantes como a nuestros vecinos del hemisferio occidental”.

Dan la razón además a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ya ha condenado públicamente esta propuesta, calificándola de perjudicial para la economía de ambos países y de una traición a los valores estadounidenses.

En tanto, señalan que el Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya que las remesas pueden representar una parte significativa del PIB en muchos países de ingresos bajos y medios, financiando pequeñas empresas e infraestructura donde los gobiernos no alcanzan. Al apoyar a familias y comunidades en el extranjero, estas transferencias ayudan a estabilizar economías frágiles y a reducir la dependencia de la ayuda estadounidense.

“Interrumpir este flujo no solo es moralmente miope, sino también fiscalmente imprudente”, concluyen.