La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio de 2026 arrancará formalmente la consulta nacional para reestructurar la Justicia penal del país, una iniciativa que busca erradicar vicios históricos y estructurales dentro del sector judicial.
Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria detalló que el diagnóstico institucional previo identificó tres grandes flagelos que hunden al sistema: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza. Sobre este último punto, Rodríguez reveló que el 68% de la población carcelaria en el país pertenece a los estratos económicos y sociales más vulnerables o «menos favorecidos». Asimismo, denunció de forma tajante la existencia de jueces que extorsionan y exigen «comisiones» a cambio de otorgar boletas de excarcelación.
Como primera medida operativa contra el rezago en los tribunales, la presidenta firmó la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual incrementa el número de magistrados de 20 a 32 para acelerar la actividad procesal. Finalmente, Rodríguez exhortó a la ciudadanía y a los actores políticos a evitar la partidización y politización de este debate, asegurando que se busca una transformación genuina para que la justicia alcance a toda la población venezolana.
