Este miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Daniel Pérez Rojas, alias «Cachetes» o «Cachetón 49», miembro de alto rango del cártel de Los Zetas, se declaró culpable de cargos federales por conspiración para el narcotráfico. Pérez Rojas, un exmilitar que desertó de las fuerzas especiales del ejército mexicano en 2001, fue extraditado en agosto de 2025 bajo la Ley de Seguridad Nacional.
El Fiscal General Adjunto, A. Tysen Duva, subrayó que esta condena es un paso crucial para desmantelar una de las organizaciones más violentas de México, responsable del tráfico masivo de cocaína y marihuana, así como de actos generalizados de corrupción e intimidación.
Trayectoria delictiva y operaciones en Centroamérica
Pérez Rojas escaló posiciones dentro de la estructura criminal de Los Zetas tras su deserción, llegando a ser identificado en 2007 como el sucesor de Heriberto Lazcano Lazcano. Los documentos judiciales detallan su participación en operaciones de expansión internacional, destacando:
- Infiltración en Guatemala: En 2008, participó en reuniones con funcionarios guatemaltecos tras el pago de sobornos millonarios para facilitar las rutas del cártel.
- Violencia sistemática: Fue responsable de la ejecución de narcotraficantes rivales y sus guardaespaldas en territorio guatemalteco para consolidar el suministro de cocaína.
- Importación masiva: Admitió su responsabilidad en la conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y 1,000 kilogramos de marihuana destinados a la importación ilegal en territorio estadounidense.
Sentencia y Operación «Recuperar Estados Unidos»
La detención y proceso de Pérez Rojas forman parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa federal que busca la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales. El caso es investigado por la DEA y supervisado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), bajo la Orden Ejecutiva 14159.
Pérez Rojas enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua. La sentencia definitiva será dictada por un juez federal de distrito el próximo 30 de octubre de 2026, considerando las directrices legales y el impacto de sus acciones en la seguridad binacional.
