El Gobierno de Cuba ratificó que el rumbo político y social de la isla no se determinará desde Estados Unidos, en respuesta a los recientes posicionamientos de la administración del presidente Donald Trump y de la Secretaría de Estado norteamericana. A través de un mensaje institucional, las autoridades cubanas desestimaron los señalamientos procedentes de Washington sobre la viabilidad del modelo económico del país caribeño y rechazaron la intensificación de las medidas restrictivas.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, enfatizó que la soberanía nacional fue establecida desde 1959 y acusó al gobierno estadounidense de infligir un castigo colectivo sobre la población mediante la interrupción del suministro de combustibles y el endurecimiento del embargo económico. Asimismo, el mandatario tildó de infundados los argumentos vertidos por la Casa Blanca para justificar las repercusiones comerciales e industriales que impactan en el desarrollo cotidiano de la población.
Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró previamente que la estructura gubernamental cubana representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense e insistió en que el levantamiento de las sanciones condiciona aperturas en el ámbito político y mercantil. Las afirmaciones del diplomático coincidieron con valoraciones de la presidencia norteamericana que catalogan a la isla como un sistema fallido, respaldando la continuidad de mecanismos de presión internacional.
El intercambio diplomático se enmarca en un periodo de marcado incremento en la tensión bilateral registrado desde inicios de año, caracterizado por un bloqueo al abastecimiento de crudo que ha agudizado la crisis energética en la isla. El paquete de medidas impulsado por Washington contempla sanciones secundarias a socios comerciales de La Habana y un endurecimiento de la retórica política entre ambas naciones.
