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El Gobierno de Cuba promulgó este miércoles 18 de noviembre de 2026 una profunda reforma a su sistema de Seguridad Social, normativa que entrará en vigor en un plazo de siete días y que introduce cambios inéditos en la región al reconocer las labores de cuidado familiar como tiempo cotizado, regular el pluriempleo y establecer un mecanismo anual para ajustar las pensiones conforme a la inflación. La legislación se aprueba en medio de una severa crisis económica caracterizada por el encarecimiento del costo de la vida y un acelerado envejecimiento demográfico, sumándose al paquete de 176 transformaciones económicas y sociales impulsadas por La Habana para contener el deterioro interno.

Entre las disposiciones más destacadas, siguiendo directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la nueva ley incorpora el cuidado no remunerado dentro de la definición jurídica de trabajo, permitiendo acreditar como tiempo de servicio hasta un máximo de diez años dedicados a la atención de familiares en situación de dependencia. Asimismo, con el objetivo de frenar el éxodo juvenil, que en los últimos años ha reducido en más del 10 % la población total de la isla , se crea un incentivo para jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el empleo que ingresen a cursos de capacitación, quienes recibirán un ingreso equivalente al salario mínimo y sumarán ese periodo de formación a su historial laboral.

En materia previsional, la normativa garantiza que ninguna pensión por edad o invalidez total, tanto en el sector estatal como en el privado, sea inferior al piso mínimo establecido por el Estado, disponiendo que el Consejo de Ministros actualice cada año dicho monto según las condiciones económicas y la tendencia inflacionaria. No obstante, el alcance práctico de estas garantías enfrenta el reto de la fuerte depreciación monetaria en la isla, donde la pensión mínima actual de 3,056 pesos cubanos y el salario mínimo de 3,210 pesos representan apenas entre tres y cuatro dólares mensuales al tipo de cambio del mercado informal.

Finalmente, la reforma ordena la expansión del sector privado al legalizar formalmente la pluriactividad, permitiendo combinar empleos estatales y privados o sumar varios trabajos independientes, y al eliminar los topes máximos de cotización en el sector no estatal. Bajo el nuevo esquema, los trabajadores independientes, creativos y contratados en el exterior aportarán una contribución del 20 % sobre la base de ingresos que decidan declarar, siempre que no sea inferior al salario mínimo , acumulando los montos económicos de sus distintos empleos aunque su tiempo de servicio continúe computándose de forma cronológica lineal.