El gobierno de Cuba negó categóricamente cualquier relación con los 90 cargamentos de combustible que autoridades de Estados Unidos aseguraron haber interceptado cuando se dirigían a la isla, en el marco del bloqueo petrolero decretado por Washington desde hace ocho meses.
El pasado 7 de octubre, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informaron en Miami sobre la retención de dichos embarques, argumentando que la documentación los vinculaba directamente con Enetec, empresa cubana dedicada a la comercialización de gasolinas y lubricantes sancionada por la administración estadounidense el 13 de julio.
Ante las acusaciones, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, desmintió la versión norteamericana asegurando que La Habana no participó en las transacciones de los cargamentos retenidos. «Ni contratos tenemos para esas compras de combustible», puntualizó el funcionario.
Las acciones del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump forman parte del endurecimiento del cerco económico, donde la Casa Blanca sostiene que la isla representa una «amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense. No obstante, el incremento de las tensiones diplomáticas y la presión energética coinciden con un repunte histórico en las compras comerciales realizadas por el emergente sector privado cubano a proveedores en territorio estadounidense.
