La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que implementará modificaciones en los lineamientos generales orientados a la protección de los derechos de las audiencias, un marco normativo que el organismo defendió como una herramienta fundamental para distinguir “cuándo se informa y cuándo se vende”.
Durante el foro titulado Libertad editorial, regulación y derechos de las audiencias, organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, el secretario ejecutivo de la CRT, Enrique Pavón Baños, reconoció que el régimen de sanciones aplicable a las emisoras que incumplan las disposiciones constituye el punto más debatido y forma parte de los aspectos pendientes en la revisión actual del documento.
En el encuentro, Adriana Labardini Inzunza, coordinadora para América Latina de la organización Rhizomatica, advirtió que sancionar a los concesionarios con montos equivalentes entre el 0.1 y el 1 por ciento de sus ingresos por no acatar las recomendaciones de la defensoría de las audiencias contraviene la fracción II del artículo 295 de la Ley en Materia de Comunicaciones y Radiodifusión. La especialista argumentó que dicha disposición legal únicamente contempla sanciones pecuniarias específicas para supuestos de omisión en el nombramiento del defensor o en la emisión de códigos de ética.
Asimismo, Labardini señaló que la normativa vigente omite criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protectores de las radiodifusoras de uso social, comunitario e indígena. En este sentido, subrayó que imponerles las mismas cargas regulatorias que a los medios comerciales vulnera la autonomía constitucional de los pueblos originarios, por lo que propuso excluir de estos lineamientos a los medios comunitarios e indígenas, así como a aquellos sin fines de lucro que operan bajo un régimen diferenciado.
Por su parte, Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, reconoció que en ocasiones las empresas del sector incurren en prácticas de opacidad al no delimitar con claridad la publicidad frente a la información; sin embargo, cuestionó la falta de consulta previa a expertos y operadores antes de la redacción de los lineamientos.
Aunque matizó que el sector puede adaptarse a nuevas formas de trabajo, Padilla calificó el proceso de formulación como un ejercicio carente de buena fe, señalando que, si bien las disposiciones no configuran un esquema de censura directa, su diseño propicia la aparición de mecanismos de autocensura entre los comunicadores.
