La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que su gobierno incluyó a seis organizaciones criminales mexicanas en su declaratoria de grupos “narcoterroristas”: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La medida también abarca a tres organizaciones colombianas: las disidencias de las FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El anuncio ocurrió el 14 de octubre, durante la inauguración del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5 mil 100 personas, inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador. Fernández presentó la decisión como parte de una estrategia para combatir al crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación internacional.
El giro responde al deterioro de la seguridad costarricense. Según datos judiciales citados por Reuters, el país registró un récord de 905 homicidios en 2023; la cifra bajó a 876 en 2024 y 873 en 2025, niveles todavía elevados frente a años anteriores. Las autoridades atribuyen buena parte de la violencia a disputas entre grupos criminales por rutas y mercados de drogas.
La decisión tiene un antecedente: en abril de 2026, el gobierno costarricense declaró organizaciones terroristas a Hamás, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los hutíes, según su Cancillería. Sin embargo, en el nuevo anuncio Fernández no precisó qué resolución formaliza la inclusión de los cárteles ni cuáles serán sus consecuencias jurídicas concretas.
Por ello, la declaratoria debe distinguirse de las designaciones estadounidenses: su alcance dependerá de las normas y medidas que Costa Rica aplique. Hasta ahora, el anuncio confirma un endurecimiento político de su estrategia de seguridad, no por sí solo nuevas sanciones o acciones judiciales específicas contra esas organizaciones.
