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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump a reanudar la deportación de migrantes hacia terceros países distintos a su lugar de origen, marcando la tercera ocasión en que el tribunal respalda de forma cautelar la medida gubernamental.

La determinación del alto tribunal deja sin efecto las resoluciones de tribunales inferiores que obligaban a las autoridades de inmigración a notificar previamente a los indocumentados sobre su destino final y garantizarles el derecho a impugnar la expulsión antes de ser trasladados.

El Gobierno federal argumentó la necesidad de aplicar este esquema operativo ante la negativa o falta de cooperación de ciertos gobiernos extranjeros para repatriar a sus connacionales, especialmente a aquellos con registros criminales.

«La medida busca agilizar las expulsiones frente a las trabas de aceptación en las naciones de origen, aunque ha generado objeciones por parte del bloque de magistrados liberales de la Corte Suprema«, confirmaron fuentes judiciales en Estados Unidos.

Se estima que cerca de 25,000 personas han sido expulsadas del territorio estadounidense bajo esta modalidad, incluso sin contar con lazos o antecedentes previos en los países receptores.