La Corte Suprema de Nueva York decidió mantener la suspensión sobre el regreso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la cárcel de Rikers Island, respaldando una demanda interpuesta por la Asamblea Municipal contra una orden ejecutiva del alcalde Eric Adams.
La presidenta del organismo legislativo, Adrienne Adams, celebró el fallo como «otra victoria para proteger la seguridad pública en la ciudad y los derechos constitucionales de los neoyorquinos frente a los excesos extremos» de Donald Trump.
La polémica comenzó cuando el alcalde autorizó la reapertura de una oficina de ICE en Rikers luego de reunirse con Tom Homan, el zar de la frontera.
La decisión fue delegada al vicealcalde Randy Mastro y desató críticas de organizaciones civiles, defensores de migrantes y funcionarios electos.
Durante su estadía anterior en Rikers, ICE solicitaba la detención prolongada de migrantes más allá de sus fechas de liberación, con fines de revisión migratoria, lo que derivaba frecuentemente en deportaciones.
La decisión judicial también fue celebrada por una coalición de organizaciones de derechos civiles y pro migrantes, quienes argumentaron que la reapertura de la oficina violaría las leyes de la ciudad como «ciudad santuario» y facilitaría una colaboración indebida con las autoridades federales de inmigración.
