La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó, de forma temporal, la apelación del presidente Donald Trump para reanudar la deportación de un grupo de migrantes venezolanos detenidos en el norte de Texas, bajo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La decisión representa un revés significativo para Trump, quien busca utilizar esa antigua legislación, originalmente pensada para tiempos de guerra, para evitar los procesos legales habituales en los procedimientos de expulsión.
El tribunal devolvió el caso a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, para que analice el fondo del litigio, incluida la legalidad de la medida presidencial y el nivel de notificación y debido proceso que deben recibir los migrantes afectados.
La mayoría de los jueces consideró que los procedimientos del gobierno no cumplían con las garantías constitucionales, destacando que el aviso de solo 24 horas a los detenidos carecía de información sobre cómo ejercer su derecho a impugnar la deportación.
Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, expresaron su desacuerdo con la decisión.
Mientras tanto, tribunales federales en otros distritos ya han bloqueado el uso de esta ley, lo que, en la práctica, suspende todas las deportaciones bajo este mecanismo hasta que el Quinto Circuito y eventualmente la propia Corte Suprema emitan un fallo definitivo.
