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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ganó una batalla legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el pleito que entabló por la forma en que se ha conducido el proceso para seleccionar al próximo fiscal general del Estado.

Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala de la Corte declararon fundada la controversia constitucional promovida por el mandatario estatal, por lo que ahora se deberá reponer el proceso de selección de candidatos.

La Comisión Anticorrupción de Nuevo León está obligada a reponer el procedimiento, para que los aspirantes presenten una carta de no antecedentes penales, la cual debe ser expedida por la Agencia de Administración Penitenciaria.

En sus argumentos, Samuel García señaló que la Comisión Anticorrupción modificó de manera injustificada, una vez ya iniciado el proceso de selección, uno los requisitos que deberían reunir los aspirantes, en particular, el de acompañar una Carta de No Antecedentes Penales.

Los ministros estimaron que dicha modificación representa un actuar indebido por parte de la Comisión Anticorrupción, ya que no le compete determinar las reglas sobre las cuales se llevaría a cabo el proceso de selección del fiscal general del estado, sino en todo caso, cualquier cambio o modificación le correspondería al Pleno del Congreso Local.