La Corte Suprema de Brasil instruyó al gobierno del estado de Río de Janeiro a preservar y documentar de forma “rigurosa e integral” todas las pruebas materiales relacionadas con el operativo policial que dejó más de un centenar de muertos en los complejos de favelas de Penha y Alemão.
En su resolución, el juez Alexandre de Moraes determinó que la medida busca garantizar la transparencia y permitir una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. Asimismo, exigió que se mantenga intacta la cadena de custodia de los peritajes y evidencias recabadas.
La decisión se enmarca en una sentencia previa del Supremo que impuso nuevas reglas para las operaciones policiales en favelas, orientadas a prevenir violaciones a los derechos humanos. El tribunal pretende evaluar si el gobierno estatal cumplió con estos protocolos durante el operativo.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, deberá ser notificado de inmediato para garantizar el cumplimiento de la orden y comparecer este lunes ante el juez Moraes, donde deberá presentar el balance oficial de muertos y heridos, un informe detallado de la operación y las medidas adoptadas para asistir a las víctimas.
Además, el magistrado convocó una audiencia conjunta el 5 de noviembre con la participación de 20 organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que actúan en las favelas afectadas.
El operativo, en el que participaron 2 mil 500 agentes, tenía como objetivo desarticular al Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotráfico del país.
La cifra exacta de víctimas aún es incierta: mientras la Defensoría Pública contabiliza 132 fallecidos, el Gobierno regional ha confirmado 121.
