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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes luego de que Estados Unidos atacó a Venezuela y tomó a su presidente, Nicolás Maduro. Esta acción de acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, representa “un precedente peligroso” para el orden internacional.

Colombia solicitó la reunión, con el respaldo de Rusia y China, según confirmaron diplomáticos. El Consejo, integrado por 15 miembros, ya había sesionado en octubre y diciembre debido al aumento de las tensiones entre Washington y Caracas.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país dirigirá Venezuela “hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”. Sin embargo, no detalló cómo pretende administrar el país sudamericano.

Desde la ONU, el embajador venezolano Samuel Moncada acusó a Estados Unidos de emprender “una guerra colonial” destinada a destruir la forma de gobierno venezolana e imponer un régimen que permita el saqueo de sus recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo.

Asimismo, sostuvo que la acción estadounidense viola la Carta fundacional de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.

En paralelo, este sábado el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo el sábado:
“Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia”, al calificar a Maduro como un “dictador acusado e ilegítimo” que encabezaba una organización narcoterrorista responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses.

Meses de tensiones y ataques selectivos

La administración Trump incrementó  en meses recientes su presión sobre Venezuela, enfocándose en bombardear barcos sospechosos de narcotráfico frente a sus costas y en el Pacífico latinoamericano.

Washington también anunció un bloqueo de buques sancionados e interceptó el mes pasado petroleros cargados de crudo venezolano.

En octubre, Estados Unidos justificó sus acciones bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite la legítima defensa frente a un ataque armado.