México enfrenta se enfrenta hoy a momento determinante en materia de crecimiento económico. Si bien los indicadores recientes muestran señales de resiliencia, también evidencian límites estructurales que han restringido el dinamismo del país en los últimos años.
En este sentido, la Estimación Oportuna del PIB indica que la economía logró una expansión trimestral de 0.8% en términos reales durante el cuarto trimestre de 2025, Lo anterior, tras haber tenido una contracción el trimestre anterior, con lo que si bien se evitó una recesión técnica (definida comúnmente como dos trimestres consecutivos de contracción), el dato por sí mismo no puede considerarse una señal robusta de aceleración económica. La caída en las actividades primarias y la trayectoria de la inversión sugieren que la recuperación aún es frágil y que el crecimiento carece de bases sólidas para sostenerse en el mediano y largo plazo.
Por su parte, los datos recientes del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo muestran señales de debilidad en la inversión privada. Las caídas anuales acumuladas y los retrocesos en maquinaria y equipo, particularmente en equipo de transporte, reflejan un entorno de cautela empresarial. Si bien la construcción residencial ha mostrado cierto dinamismo, la inversión no residencial y en bienes de capital productivo registra contracciones. Este patrón es relevante, ya que la inversión en maquinaria y equipo suele estar estrechamente vinculada con aumentos en la productividad futura.
En este punto es necesario destacar que el crecimiento sostenido es el que realmente transforma el bienestar de la población y depende de la acumulación de capital, la productividad y la innovación, y es precisamente en estos componentes donde la inversión desempeña un papel central.
En el corto plazo, la inversión actúa a través del canal de la demanda agregada, cuando empresas y gobiernos invierten en maquinaria, equipo, infraestructura o tecnología, se genera gasto que impacta de forma directa en la actividad económica. Este gasto se traduce en ingresos para trabajadores, proveedores y cadenas productivas, lo que a su vez impulsa el consumo. Así opera el efecto multiplicador, cada peso invertido genera rondas adicionales de gasto que amplifican su impacto inicial sobre el PIB y el empleo.
Pero la verdadera relevancia de la inversión se observa en el largo plazo. La inversión incrementa el acervo de capital de la economía (infraestructura, maquinaria, tecnología, capital humano) y con ello eleva la productividad. Una economía más productiva puede producir más con los mismos recursos, lo que permite un crecimiento sostenido del PIB per cápita. Cuando la inversión incorpora innovación y progreso tecnológico, sus efectos pueden ser persistentes, pues mejora la forma en que se combinan los factores productivos y permite saltos en eficiencia.
Por ello, la calidad de la inversión es tan importante como su magnitud. No toda inversión genera el mismo impacto. La inversión productiva en infraestructura logística, energía, transporte, digitalización y conectividad tiene efectos transversales en toda la economía. Reduce costos, mejora la integración de mercados, aumenta la competitividad y facilita la participación en cadenas globales de valor. Además, genera externalidades positivas que benefician a sectores más allá del proyecto específico donde se realiza.
En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, el cual constituye una constituye una señal relevante de política económica y social. La meta es generar una inversión pública y mixta por 5.6 billones de peso dirigida a sectores estratégicos, apunta a fortalecer las bases del crecimiento. Asimismo, el hecho de que la inversión en infraestructura prevista para 2026 equivalga a 2.5% del PIB, con una inversión adicional cercana a 1.9% del PIB, refleja un esfuerzo fiscal significativo.
Como se mencionó anteriormente, este tipo de iniciativas pueden cumplir un doble propósito. Por un lado, actúan como estímulo de corto plazo y, si están bien diseñadas y ejecutadas, pueden tener retornos económicos y sociales elevados.
Además, la inversión pública por sí sola no es suficiente para sostener un ciclo de crecimiento alto; los países que logran tasas de crecimiento sostenidas combinan inversión pública estratégica con un entorno favorable para la inversión privada.
Aquí surge un reto central para México: fortalecer el dinamismo de la inversión privada.
La inversión responde, entre otros aspectos, a expectativas de rentabilidad en un entorno de estabilidad. Elementos como la certeza jurídica, la calidad regulatoria, la seguridad, la infraestructura disponible, el acceso al financiamiento y la estabilidad macroeconómica influyen de manera directa en las decisiones empresariales.
En este marco, la meta del Plan México de elevar la inversión total por encima de 25% del PIB a partir de 2026 y aproximarse a 28% hacia 2030 es ambiciosa y está alineada con la experiencia internacional de economías que han logrado acelerar su crecimiento. Alcanzar estos niveles requerirá necesariamente una participación sólida del sector privado, que históricamente ha representado la mayor proporción de la inversión en el país. Por ello, la política pública tiene un papel clave en la generación de condiciones que favorezcan su participación.
Los indicadores recientes de confianza empresarial muestran que el entorno aún enfrenta retos. En enero de 2026, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del INEGI se ubicó en 48 puntos, acumulando once meses por debajo del umbral de 50 puntos. A nivel sectorial, manufactura, construcción, comercio y servicios también se mantienen por debajo de ese umbral. Estos niveles sugieren un ánimo empresarial prudente y a la espera de señales adicionales de certidumbre.
Ello implica continuar reforzando el Estado de derecho, la claridad y estabilidad de las reglas, la simplificación de trámites, la reducción de costos regulatorios, la inversión en capital humano y el desarrollo de infraestructura de calidad. También requiere coordinación entre órdenes de gobierno y una visión de planeación de largo plazo. La inversión no responde únicamente a incentivos financieros, sino a la confianza en la trayectoria institucional y económica del país.
El gobierno ha impulsado avances relevantes en digitalización y simplificación administrativa, así como esfuerzos para reducir cuellos de botella regulatorios y acompañar a los inversionistas. Estos pasos van en la dirección correcta y pueden profundizarse mediante el diseño de nuevos instrumentos, marcos regulatorios modernos y esquemas de colaboración público-privada que faciliten la ejecución de proyectos.
En este sentido, el anuncio de planes de inversión de largo plazo constituye una señal positiva. Convertirlos en resultados tangibles dependerá de construir acuerdos efectivos entre gobierno y sector privado, alinear incentivos y mantener un diálogo permanente que permita traducir las oportunidades en inversión productiva.
El momento actual puede representar una ventana de oportunidad. Transformarlo en un punto de inflexión para lograr crecimiento con prosperidad compartida, dependerá de la capacidad de articular política pública, inversión privada y confianza económica en una misma dirección.
