Las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados avalaron, con cambios, el dictamen a la minuta del Senado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social.
Una vez aprobado, el proyecto de decreto se remitió a la Mesa Directiva para los efectos conducentes.
La presidenta de la Comisión de Vivienda, diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), informó que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que las reservas se lleven al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.
El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Federal, establece que los recursos del Instituto o que estén bajo su administración se podrán destinar a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial que, por su naturaleza jurídica, no será considerada entidad paraestatal, y gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones, en términos del derecho privado.
Dicha empresa deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos y políticas de orden público e interés social del Infonavit, y observará los principios de legalidad, honradez, transparencia, eficiencia, eficacia, economía, austeridad y combate a la corrupción.
Asimismo, señala que el Instituto podrá otorgar en arrendamiento social los inmuebles que se construyan o que sean bienes recuperados, en apoyo a las personas trabajadoras.
Entre los cambios que realizaron las comisiones unidas a la minuta, destacan que la construcción de vivienda que realice el instituto fomentará el desarrollo económico local y la generación de empleos.
También resaltan las modificaciones relativas a la vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit en materia crediticia. Se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervise y vigile las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras derechohabientes, estableciendo un sistema de programas de autocorrección en caso de que exista algún incumplimiento de las normas aplicables.
