La funcionaria del Consejo de Perspectiva Familiar de Chihuahua y promotora evangélica afirmó que la activista debió sentir «vergüenza» por manifestarse; organizaciones civiles respondieron que su postura legitima la impunidad y la violencia de género.
Chihuahua, Chih. Colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de feminicidio manifestaron un rechazo generalizado ante las declaraciones públicas emitidas por la panista Ruth Sánchez Hernández, representante del Consejo de Perspectiva Familiar del Ayuntamiento de Chihuahua y promotora de la organización religiosa Palabra Viva. La funcionaria atribuyó a la fallecida activista Marisela Escobedo Ortiz la responsabilidad del feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrido en el año 2008.
Declaraciones en espacio radiofónico Durante una intervención en un programa de radio local encaminada a abordar pautas de educación familiar, Sánchez Hernández (vinculada políticamente al Partido Acción Nacional (PAN)) emitió críticas hacia el memorial y las protestas históricas de Escobedo Ortiz, quien fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno estatal mientras exigía la captura del homicida de su hija.
“Me revienta ver la placa enfrente del gobierno de la señora ésta que estuvo ahí tanto tiempo manifestándose… Qué vergüenza que como mamá haya tenido más fuerza de salir a marchar por su hija muerta; esa es una vergüenza y nos tiene que doler”
Afirmó la funcionaria, argumentando además que la agresión no habría ocurrido si la madre se hubiera opuesto a la relación de la menor con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, integrante del grupo delictivo Los Zeta.
Respuesta de organismos civiles y quejas formales El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), en representación de madres buscadoras y víctimas indirectas, emitió un pronunciamiento donde advirtió que el discurso de la servidora municipal replica los argumentos de los propios agresores al responsabilizar a las víctimas de la violencia que sufren, protegiendo con ello las fallas estructurales del sistema de procuración de justicia. La organización criticó el uso de espacios de comunicación oficiales para cuestionar la conducta de la víctima antes de analizar las causas del homicidio.
De manera paralela, el colectivo Revolución Atena interpuso una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de Sánchez Hernández y del diputado local Carlos Olson San Vicente. El recurso legal argumenta que sus declaraciones configuran discursos discriminatorios, estigmatizantes y de revictimización hacia las familias afectadas por la violencia de género.
Por su parte, la funcionaria municipal declinó emitir una disculpa pública o retractarse de sus afirmaciones, sosteniendo que sus intervenciones corresponden a sus funciones de orientación familiar y responsabilidad parental.
