La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el Gobierno de Yucatán, impuso la clausura temporal total con 33 sellos en 17 polígonos del predio San Isidro Miramar, en Celestún, debido al desmonte ilegal de vegetación y afectación a manglares dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
El operativo desplegó a 397 elementos, incluidos 17 inspectores de la Profepa, 45 de la Secretaría de Marina, 35 de la Guardia Nacional y 300 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para intervenir una superficie afectada de 130.8 hectáreas.
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, advirtió que el daño a ecosistemas de alto valor ambiental es un delito que se sancionará con multas ejemplares y medidas de reparación.
Las investigaciones iniciaron a finales de 2025 y se reforzaron en marzo de 2026 mediante sobrevuelos que confirmaron la quema de vegetación y la venta ilegal de lotes de los fraccionamientos «San Josué» y «Martha Elena» dentro del Área Natural Protegida, decretada en noviembre de 2000.
Con estas acciones, la Profepa refrendó su compromiso de frenar daños ecológicos y proteger las reservas naturales del país en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
