La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los mecanismos de investigación, sanción y atención a las víctimas, además de fortalecer el combate a la impunidad en este delito.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la nueva legislación busca asegurar que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos criterios, evitando que estos casos sean clasificados como suicidios u otros delitos y garantizando que los responsables enfrenten la justicia, señaló que la prevención, la educación en igualdad de género y la eliminación del machismo son pilares fundamentales para erradicar la violencia contra las mujeres.
Sheinbaum destacó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, asumió la responsabilidad de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, recordó que durante su administración se incorporaron a la Constitución principios como la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.
Además, informó que los feminicidios han disminuido 36% respecto a 2021, aunque subrayó que la meta es que no se registre ningún caso en el país.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa define de manera uniforme el delito de feminicidio en todo el territorio nacional como la privación de la vida de una mujer por razones de género.
Asimismo, contempla diez supuestos para acreditar este delito, entre ellos antecedentes de violencia, agresiones sexuales, estereotipos de género y contextos de desigualdad de poder, además de establecer penas de 50 a 70 años de prisión y 19 agravantes que incrementarán las sanciones hasta en una mitad.
La propuesta también establece que quienes sean condenados por feminicidio perderán derechos sucesorios, la patria potestad, la tutela y cualquier cargo público que desempeñen.
Además, el delito será imprescriptible, no podrán aplicarse beneficios como la libertad condicionada, amnistías o conmutaciones de pena, y se garantizará la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, señaló que la iniciativa obliga a realizar investigaciones con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y coordinación permanente entre autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Además, las fiscalías especializadas deberán dar seguimiento a los casos desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de las sanciones para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
La iniciativa también contempla políticas públicas para prevenir la violencia feminicida, entre ellas campañas de concientización, la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes y acciones de bienestar para hijas e hijos de las víctimas.
Asimismo, el Gobierno de México recordó que actualmente cuenta con mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia para las Mujeres, 99 refugios, la Línea 079 opción 1 y una red de mil 200 abogadas especializadas para brindar atención y acompañamiento en todo el país.
