La Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) busca modificar la manera en que se grava el alcohol en el país. El organismo solicitó formalmente a las autoridades hacendarias y legislativas abandonar el sistema de cobro ad valorem —calculado según el valor comercial— para adoptar el modelo ad quantum, el cual fija los tributos considerando exclusivamente el volumen y los grados de alcohol de cada producto.
Bajo la conducción de Panambí Garcés, el sector empresarial argumenta que esta transición responde a criterios sanitarios promovidos por organismos internacionales para desalentar la ingesta desmedida de bebidas baratas pero con alta graduación etílica. Asimismo, se expuso que el esquema actual favorece distorsiones comerciales, permitiendo que destilados económicos paguen menos impuestos que aquellos artículos que requieren procesos largos de añejamiento o certificaciones de denominación de origen.
De cara a la discusión del Paquete Económico 2027, la agrupación empresarial calculó que modificar la estructura impositiva generaría ingresos adicionales por 3 mil 900 millones de pesos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Impuesto al Valor Agregado, sin que ello implique una mayor carga fiscal general.
Adicionalmente, el sector puso sobre la mesa la crisis del comercio ilegal. Las cifras oficiales y de analistas señalan que el mercado informal abarcó el 44.2 por ciento del volumen de destilados consumidos en 2023, lo que representa más de 21 millones de cajas estándar. Esta evasión fiscal genera pérdidas por 19,500 millones de pesos anuales, un problema que se acentuó tras registrarse una caída del 7.3 por ciento en la recaudación real del IEPS de alcoholes durante la primera mitad del año.
