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El gobierno mexicano logró una victoria jurídica internacional luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) desestimara por unanimidad una demanda millonaria interpuesta por los fondos de inversión estadounidense Cyrus Capital Partners LP y Contrarian Capital Management LLC.

La Secretaría de Economía (SE) informó que el tribunal del organismo —dependiente del Banco Mundial— falló a favor del Estado mexicano el pasado 30 de julio, al determinar que carecía de jurisdicción para analizar el caso debido a que los demandantes no cumplieron con los requisitos necesarios para ser considerados inversionistas bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El origen del conflicto. La controversia se remonta a 2023, cuando Cyrus Capital y Contrarian Capital exigieron una indemnización superior a los 219 millones de dólares. Los fondos argumentaron que sus inversiones —realizadas mediante filiales en las Islas Caimán para adquirir bonos de deuda de TV Azteca— se vieron afectadas por una resolución judicial emitida en la Ciudad de México.

En el año 2022, un juzgado civil capitalino otorgó a la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego una prórroga para suspender el cumplimiento de sus obligaciones financieras, bajo el argumento de que la pandemia de COVID-19 representaba un caso de fuerza mayor, medida que ha permanecido vigente.

Ante este escenario, los fondos de inversión buscaron responsabilizar directamente al Estado mexicano por el impago de la empresa privada e intentaron abrir canales de comunicación con el gobierno federal para pactar una solución antes del fallo.

La estrategia de la defensa mexicana. Desde el inicio del litigio, la postura del gobierno federal fue tajante:

  • Sostuvo que la vía de arbitraje de inversión no era la adecuada para dirimir un conflicto estrictamente entre particulares.
  • Defendió que el Estado no tiene injerencia en las disputas financieras entre acreedores y TV Azteca.
  • Enfocó su defensa jurídica en exhibir las deficiencias técnicas de la reclamación que impedían al tribunal asumir competencia.

La estrategia estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional —adscrita a la Subsecretaría de Comercio Exterior—, con el respaldo y asesoría de la firma legal internacional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.

Sanción económica a los demandantes. Como resultado del laudo unánime, el tribunal ordenó a Cyrus Capital Partners y a Contrarian Capital Management pagar a México los gastos y costos derivados de todo el proceso arbitral, aunque la Secretaría de Economía omitió detallar el monto monetario de dicha compensación.

Finalmente, la dependencia federal indicó que el documento completo del laudo se encuentra actualmente en un proceso de revisión para testar información confidencial antes de ser publicado de manera oficial en el sitio web del Ciadi.