La Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo de España para denunciar la inactividad de la Administración General del Estado tras la entrada masiva e ilegal de más de 80,000 personas ocurrida a finales de julio. El Ejecutivo ceutí tomó la determinación tras evaluar la respuesta formal remitida por el Ministerio de Política Territorial, al considerar que el gobierno central no contestó a las cuestiones fundamentales sobre los expedientes de retorno a Marruecos ni destinó el personal o los recursos suficientes para atender la contingencia.
La acción judicial busca que la alta magistratura exija al Estado el despliegue de medios personales y materiales necesarios para gestionar en los plazos legales los procedimientos de expulsión, devolución o solicitudes de protección internacional de los adultos que permanecen en el territorio. Desde el gobierno autonómico argumentan que el hacinamiento continuo y la falta de capacidad operativa local saturan los servicios públicos e impiden un tratamiento conforme a la legislación vigente, requiriendo un plan de respuesta integral e inmediato por parte de las autoridades nacionales.
En respuesta a la demanda, el Ejecutivo central, a través de la ministra portavoz Elma Saiz, defendió que se ha realizado un trabajo permanente y constante en la zona, rechazando de manera tajante la acusación de inacción. La representante ministerial subrayó la disposición de la administración central a mantener la lealtad institucional y la cooperación entre gobiernos, sosteniendo que la resolución de la coyuntura en el enclave fronterizo requiere colaboración mutua y diálogo entre ambas partes.
