Las personas con condiciones psicosociales, quienes cometieron delitos dentro de la capital, son canalizadas a centros penitenciarios con adaptaciones especiales; sin embargo, especialistas en derechos humanos y salud mental consideraron que se requiere de un modelo que garantice su bienestar.
En respuesta a una solicitud de información, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que actualmente hay 273 internos en el Centro Varonil de Adaptación Psicosocial (Cevarepsi), de los cuales, 77 tienen esquizofrenia, 47 trastorno mental y del comportamiento secundario a farmacodependencia, 18 trastorno disocial, 15 trastorno mental y del comportamiento, entre otros.
Mientras que en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan había 105 internas hasta el 23 de octubre del 2024, debido a que 268 mujeres fueron trasladadas al Centro Penitenciario Santa Martha Acatitla, ya que no tenían ninguna condición psicosocial.
El psicólogo del Hospital de Especialidades “Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional La Raza, Antonio Montiel Rivera, dijo a este medio que las personas privadas de la libertad (PPL) con dichas condiciones tienen derecho a recibir tratamientos psicológicos y psiquiátricos, pero se debe reforzar la atención debido al escenario.
“Lo que se busca es adaptar a la persona bajo las condiciones para que en cuanto salga se pueda reincorporar a la sociedad, pero todavía hay mucho sesgo en el sentido de que el tratamiento es dual, es decir la parte psicológica y psiquiátrica, pero no deja de ser un reclusorio”, comentó.
Antonio Montiel sugirió que las PPL con condiciones psicosociales requieren de clínicas especializadas, en lugar de centros penitenciarios; además, consideró que es importante que los internos cuenten con redes de apoyo.
“En la actualidad todavía se carece de una evaluación en la cuestión de salud mental que se sigue todavía investigando, reclusos, hospitalarios, por eso es muy importante este tratamiento, rehabilitación y sobre todo la identificación de aquellos factores que hacen vulnerable a una persona para que incida a estos comportamientos”, apuntó.
La activista de derechos humanos y Maestra en Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política, Erika Solorio, compartió que las personas que nacieron o desarrollaron enfermedades psiquiátricas deben recibir atención psicológica temprana para evitar delitos.
“Si hubiera una atención desde temprana edad para la atención psicológica y en algunos casos psiquiátrica se podrían prevenir algunos delitos. Elaboré una iniciativa de ley que busca promover una campaña nacional de atención a la salud mental de niños, niñas y adolescentes de México”, dijo.
Erika Solorio impartió varios cursos de derechos humanos en Santa Martha Acatitla, donde se percató que alrededor de 100 mujeres que tomaron las clases, desconocían sus derechos humanos y no recibían atención psicológica.
“Algunas me comentaron que sabían que tienen obligaciones, que tenían que cumplir las reglas, pero no sabemos que tenemos derechos”, expuso la activista. Agregó que las autoridades deben difundir información respecto a este tema en distintos espacios.
