El Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha, a partir del próximo lunes, una defensoría social integrada por 100 abogados que brindarán asesoría y acompañamiento jurídico gratuito, desde el Zócalo capitalino, a personas sin recursos para contratar un despacho privado, como parte del reforzamiento en el combate al despojo.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la estrategia y detalló que, en los primeros 12 días de su implementación, la Fiscalía General de Justicia capitalina recibió 89 denuncias por este delito. De ese total, 14 fueron clasificadas de manera preliminar como posibles despojos —dos con violencia y 12 sin ella—, mientras que 44 personas fueron detenidas por allanamientos, ingresos forzados u otros hechos vinculados.
De acuerdo con la mandataria, la defensoría funcionará cada lunes en el Zócalo a través de cinco equipos multidisciplinarios integrados por especialistas en derecho civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral. En los casos que lo requieran, se designará a una abogada o abogado encargado de dar seguimiento al caso desde su recepción hasta su resolución final.
«No queremos una defensoría que entregue un papel, dé una dirección y se despida de la persona. Queremos una defensoría que acompañe, que escuche a la población y que resuelva», afirmó Brugada.
Además de la atención en materia de despojos, el nuevo esquema ofrecerá orientación para regularizar propiedades, resolver sucesiones intestamentarias y atender conflictos entre familiares, arrendadores e inquilinos. Para ello, el Gobierno capitalino buscará establecer acuerdos con notarías que permitan agilizar trámites, reducir costos y dar mayor certeza jurídica sobre los inmuebles.
Sobre las denuncias registradas hasta ahora, 46 expedientes continúan en revisión por tratarse de casos que involucran conflictos familiares, sucesorios, contractuales o disputas sobre la propiedad y posesión de inmuebles. En 29 casos más, las autoridades determinaron de manera preliminar que no se trataba de despojos, sino de controversias que deben resolverse por la vía civil, familiar o administrativa.
La fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que, como resultado de las investigaciones, se han registrado cinco detenciones, dos judicializaciones, ocho inmuebles asegurados, una orden de restricción y tres acuerdos alcanzados. Precisó que, cuando existen pruebas suficientes, el aseguramiento de las propiedades se ha logrado en un promedio de dos días.
En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que en lo que va del año se han realizado 27 remisiones y 90 detenciones por hechos relacionados con allanamientos, ingresos forzados o posibles despojos. De ese total, 44 personas fueron capturadas durante los primeros 12 días tras el reforzamiento de la estrategia.
