La madrugada del jueves 24 de julio un acontecimiento estremeció al país. Ese día fue hallada sin vida Irma Hernández Cruz, maestra jubilada que laboraba como taxista en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.
La mujer de 62 años fue secuestrada el pasado 18 de julio, mientras conducía su taxi, tras negarse a pagar extorsiones impuestas por el grupo criminal conocido como Cártel Mafia Veracruzana.
Además, fue obligada a grabar un video donde se le ve sometida y arrodillada por al menos 10 hombres armados, en el que advertía a otros trabajadores del gremio sobre el pago de extorsiones, el cual circuló en redes sociales.
Su cuerpo fue abandonado en una construcción improvisada al norte del estado, durante un operativo del Ejército Mexicano. En el sitio también se encontraron armas, vehículos y chalecos tácticos.
La tarde del viernes 25 de julio, la gobernadora Rocío Nahle informó que, de acuerdo con el reporte de los forenses, la violencia que sufrió la profesora le provocó un infarto. No fue un infarto por causas naturales sino por terror.
«Nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un Infarto”, expuso la gobernadora en conferencia de prensa.
Sin embargo, redes sociales y algunos colectivos feministas han desvirtuado los hechos. Consideran, sin fundamento alguno, que la funcionaria minimizó el lamentable deceso con su declaración.
A pesar de los señalamientos, Nahle reiteró que su gobierno “no tiene pacto con ningún grupo delictivo” y que se han realizado cateos y detenciones para desarticular células criminales en la región.
Aseguró que no habrá impunidad en este caso. Indicó que las fuerzas federales, la Policía Ministerial y la Fiscalía trabajan coordinadamente para identificar a los responsables.
En el sitio donde fue hallado el cuerpo, se recolectaron diversas evidencias que están siendo analizadas por peritos.
De hecho, la Fiscalía de Veracruz ha confirmado la detención de tres personas relacionadas con el secuestro.
Diversas agrupaciones han pedido que se investigue el caso como feminicidio, dada la violencia ejercida contra la víctima.
La presidenta Claudia Sheinbaum también solicitó esclarecer el caso, subrayando que debe abordarse con perspectiva de género y sin omitir la posible implicación de redes de extorsión.
