Capital One rechazó que el cierre de más de 300 cuentas vinculadas con la Organización Trump haya respondido a motivos políticos y aseguró que la decisión fue resultado de una revisión interna relacionada con la prevención de posibles operaciones de lavado de dinero.
La postura fue presentada ante un tribunal federal como parte de la demanda que la empresa familiar de Donald Trump y Eric Trump interpusieron contra el banco. Los demandantes sostienen que las cuentas fueron cerradas en 2021 por una supuesta discriminación política, después del asalto al Capitolio del 6 de enero.
Sin embargo, Capital One afirmó que la medida fue tomada tras varios meses de análisis por parte de su equipo especializado en prevención de lavado de dinero y con base en sus políticas internas y criterios regulatorios. El banco negó que la decisión estuviera relacionada con las ideas políticas de Trump o con la actividad pública de su familia.
La institución también señaló que el cierre de las cuentas respondió a patrones de actividad que generaron preocupaciones dentro de sus controles de riesgo. No obstante, aclaró que no ha acusado a la Organización Trump de haber cometido lavado de dinero ni ha presentado una imputación penal por ese motivo.
La disputa se originó luego de que Capital One terminara su relación bancaria con empresas y entidades vinculadas con Trump. La Organización Trump sostiene que la medida le provocó pérdidas económicas y afectó sus operaciones, además de formar parte de una práctica conocida como debanking, término utilizado para describir la cancelación de servicios financieros a clientes por razones de riesgo o, según sus críticos, por motivos ideológicos.
El caso continúa en los tribunales. Un juez federal ya desestimó dos versiones previas de la demanda, aunque permitió que los demandantes modificaran sus argumentos y mantuvieran abierto el litigio.
La controversia se desarrolla en medio de una disputa más amplia entre Trump y el sector financiero. El presidente ha acusado a diversos bancos de restringir servicios por razones políticas, mientras las instituciones involucradas sostienen que sus decisiones responden a evaluaciones de riesgo, cumplimiento de normas y controles internos.
