La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen que reforma la Constitución Política para aplazar la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028, y en donde se precisa que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.
Durante la discusión en el Pleno se aceptaron cambios a efecto de que magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral que estén en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028, sobre las secciones en la SCJN y duración en el cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Asimismo, se aceptó del diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, una modificación al artículo 35 de la Carta Magna, para que se precise que no va a haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato.
“Va a quedar que sea el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional”, y en esa lógica nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o la elección constitucional de la presidencia de la República”, indicó.
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que con esta reserva se propone que las y los magistrados puedan durar hasta 17 años en el poder.
“Por la decencia de la reforma judicial que estamos promoviendo y por la integridad de la iniciativa que presentó la presidenta de la República, les pido que la retiremos porque es una falta grave que trastoca el mandato del artículo 99 de la Constitución”.
También se aceptó la reserva del diputado de Moren, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, para modificar el artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación, ya que se corrige el trato diferenciado e injustificado entre las magistraturas de la Sala Superior y el resto de las personas juzgadoras sujetas al nuevo modelo constitucional de elección judicial.
Lo anterior, dado que la Sala Superior tutela los derechos político-electorales y la regularidad constitucional de las elecciones, por lo que, al excluir a sus integrantes, se debilita el reconocimiento institucional de esa función estratégica.
