El estado de California presentó una demanda contra la administración de Donald Trump, solicitando que se declare inconstitucional el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles y se detenga cualquier despliegue posterior.
La querella, interpuesta en un tribunal de San Francisco, también señala como responsables al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al Departamento de Defensa de Estados Unidos.
El fiscal general Rob Bonta argumentó que la medida violó la Décima Enmienda y fue ejecutada sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, calificándola de «innecesaria, contraproducente e ilegal».
Según Bonta, el despliegue se realizó en contra de la voluntad de las autoridades locales, y Hegseth desoyó la petición del gobernador de cancelarlo.
Desde la Casa Blanca, la portavoz adjunta Anna Kelly respondió que Newsom debería enfocarse en perseguir a los “alborotadores anti-ICE” en lugar de presentar demandas.
“Es patético que Newsom se enfoque más en salvar las apariencias que en proteger a las fuerzas del orden y responsabilizar a los delincuentes”, declaró. También reiteró que el presidente actuó para “restablecer la ley y el orden”.
