El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un paquete de 21 proyectos de ley destinados a restringir la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado. Entre las medidas destacan la prohibición del uso de dispositivos como guantes de choque y granadas de aturdimiento, además de la imposición de impuestos a los centros de detención privados de inmigrantes.
Sin embargo, la legislación provocó una respuesta inmediata del gobierno federal. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que desestimará la normativa estatal para fines operativos de las agencias federales, invocando la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense. En este marco, el fiscal federal Bill Essayli aconsejó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ignorar las prohibiciones promovidas por Sacramento, argumentando que limitan el uso de herramientas no letales clave para la seguridad de los agentes en situaciones de riesgo.
El enfrentamiento reabre un severo conflicto constitucional y legal entre el gobierno federal y los estados «santuario». Mientras la administración californiana busca frenar las tácticas de deportación masiva y el uso de la fuerza en su territorio, las autoridades federales sostienen que los estados no tienen la facultad jurídica para intervenir o regular las operaciones de seguridad e inmigración de la nación.
