Ochenta y un integrantes de una violenta organización dedicada al narcotráfico fueron imputados a nivel federal en Puerto Rico tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, anunció este jueves el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche. El operativo, liderado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de Puerto Rico, permitió la detención ayer de 70 de los sospechosos vinculados a la red conocida como “Los Baja Deo” (LBD).
De acuerdo con las autoridades, la organización operaba desde hace años en la zona oeste de la isla, afectando con violencia y caos a diversos complejos de vivienda pública en Mayagüez y municipios aledaños. La investigación apunta a que el grupo criminal distribuyó al menos 340 kilogramos de fentanilo y 2 mil 200 kilogramos de cocaína, generando ganancias superiores a los 49 millones de dólares, además de traficar sustancias hacia Estados Unidos mediante el Servicio Postal.
Durante las pesquisas, las fuerzas del orden incautaron 21 armas de fuego y desplegaron masivos recursos tácticos, incluyendo 13 equipos SWAT y pilotos del CIRG, para desmantelar la cúpula y las redes de distribución del grupo. El director del FBI, Kash Patel, destacó el éxito de la intervención conjunta, mientras que la fiscal federal interina para el Distrito de Puerto Rico, Ramírez-Carbó, y el superintendente de la Policía local, Joseph González, reafirmaron su compromiso de continuar persiguiendo a las bandas criminales que amenazan la seguridad de la ciudadanía.
Las autoridades federales señalaron que “Los Baja Deo” utilizaban una red logística compleja para introducir narcóticos de contrabando hacia el territorio continental de Estados Unidos, valiéndose principalmente de los servicios postales y de rutas marítimas y aéreas estratégicas en el Caribe. Este esquema de distribución masiva no solo abastecía los mercados locales en Puerto Rico, sino que extendía el alcance de su red criminal hacia el norte, consolidando un flujo constante de capital ilícito que superó los 49 millones de dólares durante los años que operaron con impunidad relativa.
El despliegue operativo coordinado por el FBI y la Policía de Puerto Rico marca un precedente en los esfuerzos de seguridad regional impulsados por la administración estadounidense en la isla. Con las órdenes de arresto e imputaciones formales contra la totalidad de la estructura, los fiscales y las agencias de inteligencia confiesan que el golpe debilita de forma crítica el control territorial de las mafias en la zona oeste, abriendo el camino para nuevos juicios federales que buscan desarticular las finanzas remanentes del cártel.
