El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el periodo electoral 2027 por un monto total de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, recursos destinados a organizar el proceso electoral federal y los locales, distribuir el gasto para partidos y coordinar el Sistema Nacional Electoral.
Durante la misma sesión, se avaló el financiamiento público para partidos políticos nacionales y candidaturas independientes por 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos —con más de la mitad asignada a los partidos de la 4T: Morena, PT y Partido Verde—, a la espera del visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, esta validación contrastó directamente con la postura de los consejeros Carla Humphrey y Martín Faz, cuyo rechazo al presupuesto coincidió con un nuevo diseño salarial que reducirá beneficios económicos en la parte más alta del Instituto.
Ambos consejeros decidieron no acompañar el documento, pese a que incorpora un nuevo diseño salarial aprobado por la Junta General Ejecutiva y fundamentado en las disposiciones de la Constitución vigente. La coincidencia resulta reveladora. Sus críticas se endurecieron justo cuando la racionalidad del gasto dejó de concentrarse en las áreas operativas y llegó a la parte más alta de la estructura institucional.
Martín Faz destacó que el proyecto enfrenta reducciones artificiales para satisfacer expectativas políticas o mediáticas. Advirtió que, aunque se reduzcan salarios o prestaciones, las obligaciones constitucionales del INE siguen demandando recursos.
Humphrey afirmó que el proyecto contiene “puntos ciegos” y contradicciones, además de rubros cuya planeación y justificación consideró insuficientes. La consejera cuestionó que el gasto operativo y electoral pase de 20 mil 463 millones de pesos solicitados para 2021 y 23 mil 757 millones para 2024 a 31 mil 431 millones para 2027, al señalar que las nuevas actividades no parecen justificar por sí solas el aumento.
Durante el debate, Humphrey planteó modificar el esquema vigente para calcular y fortalecer el financiamiento destinado a la participación política de las mujeres, a la vez que sostuvo que presentar comparaciones en dólares podía resultar “engañoso”, debido a que la incertidumbre internacional podría provocar variaciones abruptas en el tipo de cambio y en el precio del petróleo.
El argumento parece insuficiente. Todo presupuesto se construye mediante estimaciones, escenarios económicos y previsiones oficiales. La posibilidad de que las variables cambien no invalida los cálculos; obliga a elaborarlos con criterios verificables. Si la incertidumbre fuera razón suficiente para desacreditar cualquier proyección, sería imposible formular un presupuesto público.
También llama la atención la facilidad con la que se puso bajo sospecha un anteproyecto elaborado durante meses, mediante reuniones técnicas, revisión de las áreas del INE y cientos de documentos de soporte. Detrás de sus cifras existe trabajo especializado destinado a mantener la operación permanente del Instituto en todo el país y preparar los procesos electorales de 2027 y 2028.
La pluralidad del Consejo General permite y exige la discrepancia. Sin embargo, disentir no equivale a desacreditar el esfuerzo institucional ni a presentar como deficiencia presupuestaria aquello que, en los hechos, puede responder a la inconformidad por la disminución de beneficios personales. La austeridad pierde sentido cuando sólo se exige a las áreas encargadas de realizar el trabajo cotidiano, pero se cuestiona en cuanto alcanza a quienes ocupan los cargos mejor remunerados.
Más que demostrar que el Anteproyecto de Presupuesto 2027 carece de sustento, las posiciones de Humphrey y Faz dejaron la impresión de que el verdadero desacuerdo no estaba en las cifras generales del INE, sino en el efecto que el nuevo diseño salarial tendrá sobre sus propios bolsillos.
