El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó un decreto que ordena la intervención extraordinaria y temporal de la petrolera estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo inicial de 180 días. La medida busca contener la severa escasez de diésel y gasolina que mantiene al país sumido en protestas, bloqueos de carreteras y bajo un régimen de estado de excepción.
Para llevar a cabo el proceso, el Ejecutivo constituyó una comisión interministerial encargada de auditar la cadena de importación, distribución, logística y asignación de volúmenes a las estaciones de servicio. Desde el Gobierno atribuyen el desabastecimiento a deficiencias en la gestión y a la operación de «mafias» dedicadas al desvío ilegal y contrabando de carburantes hacia países vecinos.
Bolivia enfrenta una alta vulnerabilidad energética al importar cerca del 80% del diésel y la mitad de la gasolina que consume. La intervención contempla la reestructuración de la alta directiva de YPFB, la investigación de responsabilidades por compras de combustible de mala calidad registradas previamente y la apertura de mecanismos para facilitar la importación por parte del sector privado.
