El Gobierno de Bolivia aseguró que agotará esfuerzos para evitar un «derramamiento de sangre» ante el operativo policial y militar iniciado este sábado para desbloquear las carreteras de La Paz, cercadas desde hace 11 días. La intervención conjunta, denominada «Corredor humanitario», movilizó a 2,500 policías y 1,000 militares para restablecer el suministro de oxígeno medicinal, alimentos, combustibles y fármacos.
«Vamos a hacer hasta el último esfuerzo para evitar que haya derramamiento de sangre por el uso de la violencia de cualquiera de las partes», declaró el vocero presidencial, José Luis Gálvez. El funcionario enfatizó que las fuerzas del orden actuaron bajo un marco estrictamente legal y disuasivo, sin emplear armas letales. Sin embargo, admitió que tras el repliegue estratégico en ciertas zonas para contener tensiones, los sectores movilizados radicalizaron sus protestas.
El avance oficial fue frenado en algunas rutas del sur de La Paz y en El Alto, donde manifestantes con dinamita, piedras y barricadas se enfrentaron a los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos. Los disturbios también afectaron el sistema de transporte local, registrándose ataques contra estaciones del teleférico metropolitano.
Las protestas son encabezadas por la Central Obrera Boliviana y campesinos de la federación ‘Tupac Katari’, quienes exigen la renuncia del Ejecutivo. A este escenario se suma la aproximación de una marcha de simpatizantes del expresidente Evo Morales, la cual prevé arribar el lunes a la sede de Gobierno; la administración actual califica estas movilizaciones como un intento de ruptura constitucional.
