El Gobierno del Estado de Baja California a cargo de Marìa del Pilar Àvila Olmeda, ordenó una revisión integral de los contratos públicos adjudicados a empresas que fueron recientadas o sancionadas por autoridades de Estados Unidos. La decisión gubernamental busca verificar la legalidad de los convenios, garantizar la transparencia presupuestaria y deslindar responsabilidades operativas tras las alertas internacionales emitidas desde Washington.
La Secretaría de la Honestidad y Función Pública estatal encabezará las auditorías administrativas y financieras para determinar si las compañías bajo sospecha incurrieron en irregularidades contractuales o si representan un riesgo de cumplimiento normativo para la administración local. Las autoridades bajacalifornianas precisaron que, de encontrarse anomalías, se procederá a la rescisión inmediata de las concesiones y a la inhabilitación de los proveedores.
Esta medida preventiva responde a las presiones de cooperación bilateral en materia de combate al lavado de dinero y seguridad fronteriza. El Ejecutivo estatal reiteró su compromiso de mantener una gestión ética en las contrataciones públicas y colaborar estrechamente con las instancias de fiscalización federales e internacionales.
