Esta semana se está discutiendo en la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, en específico, lo relativo a los ingresos públicos y la denominada Miscelánea fiscal. Destaca la aprobación, el día de ayer, de las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), que marcan un punto de inflexión en la lucha contra la evasión y la defraudación fiscal. No estamos ante una simple modificación técnica, sino ante una decisión política de Estado para frenar el saqueo sistemático de los recursos públicos.
Entre 2014 y 2019, el SAT identificó 8,204 empresas fantasma que emitieron 8.8 millones de facturas falsas por un valor de 1.6 billones de pesos, generando un fraude estimado de 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4% del PIB nacional. Hoy, las redes de facturación falsa y simulación económica movilizan recursos superiores a 3.1 billones de pesos, lo que representa una evasión de 1.45 billones, casi el 27% de los ingresos tributarios previstos en la Ley de Ingresos 2025. Es una cifra que por sí sola justifica la urgencia de una respuesta firme del Estado mexicano.
La defraudación fiscal no es un delito menor; es una agresión directa contra la nación. Detrás de cada factura apócrifa hay una escuela que no se construye, un hospital sin medicinas, un programa social debilitado. Por eso, las reformas que ayer discutimos buscan cerrar los espacios de impunidad y fortalecer la recaudación con justicia y equidad.
Entre las medidas más importantes se encuentra la creación del artículo 49 Bis, que otorga al SAT la facultad de verificación inmediata para suspender la emisión de facturas falsas desde el inicio del procedimiento; la negativa de inscripción en el RFC a empresas vinculadas con operaciones simuladas (EFOS); y la eliminación de la dispensa que permitía interponer recursos de revocación sin garantizar el interés fiscal, cerrando así una puerta al abuso legal de los grandes deudores.
Vamos por buen camino, pero aún hay algunos temas pendientes como, por ejemplo, la necesaria responsabilidad solidaria. La defraudación fiscal inicia desde la constitución de empresas fachada. Por ello, los notarios públicos que participen en la constitución de sociedades con prestanombres o sin sustancia económica, eventualmente deberán responder ante la autoridad fiscal. Esta es una problemática mayor, pues gran parte de los fedatarios públicos actúan con los más altos estándares de profesionalismo y legalidad. Sin embargo, es necesario identificar áreas de oportunidad para evitar, desde un inicio, la existencia de empresas fraudulentas con la ley. En las próximas semanas se buscará constituir un grupo de trabajo que aborde de manera integral esta temática.
Otro aspecto que también se debe combatir con urgencia es la contratación de empresas fantasma por parte de gobiernos estatales y municipales, que constituye una de las principales áreas de riesgo del gasto federalizado, al distorsionar el destino de los recursos públicos y dificultar su trazabilidad.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los modelos de riesgo aplicados a las cuentas públicas estatales detectaron redes de proveedores en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con vínculos directos entre dependencias locales, universidades, congresos y tribunales con empresas emisoras de comprobantes fiscales simulados.
Las contrataciones con empresas fantasma por parte de gobiernos subnacionales y sindicatos derivan en una brutal evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Más de 800 mil empresas inactivas en el RFC son consideradas de alto riesgo por su potencial uso como compañías fachada que podrían ser cómplices de entes públicos fraudulentos.
La ASF ha documentado redes de proveedores simulados en al menos 13 estados, con montos facturados que superan los 14 mil millones de pesos en servicios públicos y 10 mil millones en construcción y mantenimiento. Estos hallazgos muestran que la corrupción no se limita al sector privado: ha contaminado buena parte del gasto federalizado.
Por eso, ayer desde en tribuna lo dije con claridad: “Estamos ante una decisión política que quiere convertirse en una política de Estado. Queremos tapar dos grandes boquetes fiscales: el contrabando de combustibles y la facturación falsa. Las pérdidas son multimillonarias, y quisiéramos que la oposición acompañara este esfuerzo para fortalecer fiscal y financieramente al Estado mexicano y poder hacer políticas de inversión y desarrollo.”
No se trata de persecución ni de revancha. Se trata de proteger la soberanía fiscal del país, de impedir que los defraudadores sigan enriqueciéndose a costa de los contribuyentes cumplidos. Las reformas al CFF también tipifican como delito de defraudación calificada el uso de comprobantes fiscales falsos, incluso cuando cumplan formalmente con los requisitos del SAT, cerrando un vacío legal que durante años permitió a las empresas simular operaciones sin consecuencias.
México necesita un nuevo pacto de honestidad. Un Estado que no tolere la simulación, una autoridad que aplique la ley con firmeza, y una sociedad que entienda que el cumplimiento fiscal no es un castigo, sino un acto de solidaridad con la nación.
Hoy la disyuntiva es clara: o defendemos a México del fraude o lo dejamos a merced de quienes lo han saqueado durante décadas. No hay punto medio.
Porque esta no es solo una reforma fiscal: es una reforma moral, una exigencia histórica de justicia, porque México se encuentra ante una oportunidad histórica: romper con el ciclo de simulación y evasión que durante décadas debilitó las finanzas públicas.
Por lo tanto, las reformas al Código Fiscal de la Federación no buscan castigar, sino restituir la justicia y restaurar la confianza en el Estado. Cada peso recuperado, cada empresa sancionada, cada funcionario responsable representa un paso hacia un país más fuerte y más justo. No podemos seguir tolerando que una minoría viva del fraude mientras millones cumplen con esfuerzo sus obligaciones.
Pero no se preocupen, este nuevo Código Fiscal tiene una virtud: solo castiga a los que hacen trampa. Así que quien pague lo justo, que duerma tranquilo.
