La Comisión de Marina del Senado de la República aprobó el dictamen por el que se autoriza a la titular del Ejecutivo Federal a permitir la entrada de elementos de la Marina de los Estados Unidos, para participar en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.
El documento se aprobó con 16 votos a favor y establece que 19 elementos de la Marina estadounidense participarán en esta actividad de adiestramiento, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche.
“El objetivo es comprobar y fortalecer las habilidades tácticas individuales y colectivas necesarias para desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y de los Navy SEAL’s de los Estados Unidos de América”, indica el dictamen.
Una vez concluido el ejercicio de capacitación, la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, instruirá a la Secretaría de Marina que remita al Senado de la República un informe al respecto dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del ejercicio.
La senadora de Morena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath consideró que el adiestramiento fortalece la interoperabilidad, mejora las capacidades tácticas en combate convencional y no convencional, fortalece operaciones aeromóviles, marítimas, infiltración, abordaje e incluso medicina táctica de combate.
«Esto no es una retórica militar, esto es preparación real frente a amenazas reales, es un entorno donde el crimen organizado transnacional, la pesca ilegal, el tráfico ilícito y los riesgos de infraestructura crítica marítima son cada vez más complejos. No se trata de intervención, no se trata de cesión de soberanía, se trata de una cooperación estratégica bajo control”, precisó.
En su participación, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara enfatizó que este trámite para autorizar la entrada de tropas extranjeras no “es sólo de formalidad,” sino es un control político y constitucional que obliga a garantizar caso por caso el respeto al orden jurídico interno, la seguridad nacional y la subordinación a la autoridad civil.
