Después de 40 años de activismo, la comunidad LGBTQ+ es más visible y tiene demandas significativas, ya que consiguió el derecho al matrimonio igualitario, que ya es efectivo en todo el país desde fines de 2022, dijo el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), César Torres Cruz.
Sin embargo, reconoció que para la población trans todavía hay muchas problemáticas, a pesar de que son quienes tienen un activismo más fuerte: “piden leyes de identidad de género, que solo existen en tres entidades de la nación”.
El investigador señaló que datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican que la esperanza de vida para mujeres trans en México es de 35 años, debido a la gran cantidad de asesinatos por la “LGBTQ+fobia”.
En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora el 31 de marzo, aseguró que esta población es altamente vulnerada en sus derechos laborales, educativos y humanos.
“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se llevan a cabo 500 asesinatos de personas LGBTQ+ al año en todo el país; la mayoría son trans, o sea que en los hechos no tienen derecho siquiera a vivir”, puntualizó.
Explicó que en 13 estados de la República mexicana si son mayores de 18 años pueden solicitar, mediante trámite administrativo, cambios en sus documentos oficiales (acta de nacimiento o credencial para votar) con su nuevo nombre elegido.
Si son menores de 18 años tienen la posibilidad de efectuarlo solo en Jalisco y Oaxaca. En el resto de la nación si quieren modificarlos antes de esa edad, necesitan la autorización de la madre, padre o tutor, añadió.
Y muchas veces es la familia quien se opone. Hay una mirada adultocéntrica, la cual considera que alguien menor a los 18 años no es capaz de saber qué es lo que quiere, como si al cumplirlos por arte de magia supieras lo que quieres en tu vida, apuntó.
“Son menores de edad que la pasan muy mal, por ejemplo cuando están estudiando y quieren tener otro uniforme o ir a otro sanitario, pero no pueden hacerlo porque no tienen un reconocimiento legal que les permita ser nombrados como quieren y ejercer su nueva identidad”, enfatizó.
