El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez, confirmó que las excarcelaciones benefician a menores de edad, adultos mayores y mujeres lactantes bajo criterios humanitarios, en medio de reclamos de organizaciones civiles y amagos de la Casa Blanca.
Caracas. El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela formalizó el inicio de un procedimiento extraordinario de beneficios procesales que derivará en la excarcelación de un aproximado de 300 personas durante el transcurso de la presente semana. El anuncio fue realizado ante el pleno de la Asamblea Nacional por su presidente, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, quien precisó que la medida abarca a perfiles civiles e históricos de la oposición, incluidos tres antiguos agentes de la Policía Metropolitana de Caracas recluidos desde hace más de dos décadas.
Criterios humanitarios y desglose de las primeras bajas penitenciarias: De acuerdo con la exposición de motivos presentada por la jefatura parlamentaria durante la sesión ordinaria de este martes, el programa de liberaciones comenzó a ejecutarse desde el lunes 18 de mayo. Los primeros casos documentados corresponden a una adolescente de 16 años de edad y a Merys Torres de Sequea, de 71 años, quien es madre de un oficial sentenciado a 24 años de prisión por su participación en una incursión marítima armada contra los cuerpos de seguridad en mayo de 2020.
Rodríguez Gómez detalló que el espectro de beneficiarios responde a estrictos criterios de vulnerabilidad física y consideraciones de carácter humanitario que se ejecutan de manera complementaria a lo estipulado en la ley de amnistía aprobada por el Congreso hace tres meses. El decreto legislativo ampara prioritariamente a personas menores de edad, ciudadanos que superen los 70 años, pacientes con diagnósticos de patologías crónicas o terminales, así como a mujeres en estado de gestación o en periodos de lactancia activa.
Exagentes del año 2002 y el escenario de fricción internacional: Dentro del paquete de excarcelaciones decretado por el oficialismo, destaca la inclusión de los exoficiales de policía Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina. Los tres exfuncionarios cumplían la pena máxima de 30 años de reclusión tras ser hallados culpables del delito de homicidio calificado frustrado en complicidad correlativa, derivado de los tiroteos y enfrentamientos armados contra manifestantes civiles registrados el 11 de abril de 2002 en las inmediaciones del Puente Llaguno, durante el fallido golpe de Estado contra la administración del expresidente Hugo Chávez Frías.
El anuncio del líder del parlamento (hermano de la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez) ocurre en una coyuntura de alta tensión diplomática y civil. Por un lado, diversas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de oposición mantienen exigencias para esclarecer la muerte bajo custodia estatal del preso político Víctor Hugo Quero Navas, reportada formalmente el pasado 7 de mayo tras denuncias de desaparición forzada.
Por otra parte, la resolución de la Asamblea Nacional se suscita apenas una semana después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitiera un pronunciamiento público donde advirtió que su administración implementará mecanismos de presión internacional dirigidos a forzar la liberación total de los ciudadanos considerados prisioneros políticos en el territorio venezolano, condicionando el estatus de las mesas de negociación y la flexibilización de sanciones al cumplimiento de las agendas de derechos humanos.
