El Gobierno de Argentina puso en marcha un programa de retiros voluntarios anticipados dirigido a la administración pública nacional centralizada. La medida busca concretar la reducción de unos 20 mil empleos en el sector estatal durante los próximos meses. La iniciativa se coordina de manera directa con las carteras económicas y administrativas del Ejecutivo federal.
El plan contempla un esquema detallado de compensaciones económicas calculadas según la antigüedad y la edad de los agentes. Las gratificaciones máximas previstas en la normativa alcanzan el equivalente a veinticinco sueldos correspondientes al personal involucrado. El proceso de inscripción formal comenzará a implementarse en el transcurso del mes de noviembre.
Dentro de las restricciones dispuestas por la administración, se incluyó una cláusula estricta que impide a los beneficiarios reingresar a trabajar en el sector público bajo cualquier modalidad contractual durante un plazo de ocho años. Asimismo, el texto normativo establece que las plazas vacantes eliminadas mediante este mecanismo no podrán ser utilizadas para justificar nuevas contrataciones posteriores.
La medida provocó una reacción inmediata por parte de las agrupaciones sindicales del país sudamericano. Diversas organizaciones gremiales manifestaron su total oposición al ajuste laboral y anunciaron la realización de protestas para frenar la contracción de la plantilla en las distintas dependencias públicas.
