La justicia de Argentina ordenó la suspensión inmediata del proyecto Sea Lion, un desarrollo de explotación energética que la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration promueven en la zona de las islas Malvinas.
La jueza federal Mariel Borruto, con sede en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aprobó una medida cautelar impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de La Plata, ordenando a las petroleras abstenerse de iniciar o continuar obras de perforación en el lecho marino.
El dictamen judicial exige a las compañías la entrega de documentación sobre evaluaciones de impacto ambiental, cronogramas de ejecución y la nómina de entidades financieras involucradas, fundamentando la decisión en la falta de licencias expedidas por el gobierno argentino y en el incumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre soberanía territorial.
Ante las medidas dictadas en tribunales argentinos, la firma Navitas argumentó que sus operaciones se respaldan en licencias legales concedidas por el gobierno local de las islas Malvinas, descartando afectaciones operativas.
Paralelamente, el gobierno del Reino Unido sostuvo mediante un comunicado oficial que la legislación interna de Argentina carece de jurisdicción aplicable en el archipiélago austral.
