La Cámara de Diputados aprobó diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de derechos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales, a fin de fortalecer el ordenamiento y cumplir con ello el Acuerdo de Escazú como el primer acuerdo ambiental en contener disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Entre dichos acuerdos destacan los derechos al acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales y sus mecanismos para garantizarlos.
El dictamen incluye las propuestas de los diputados del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, Sonia Mendoza Díaz y Juan Luis Carrillo Soberanis.
Al posicionar la propuesta, el diputado ecologista Carrillo Soberanís, destacó que la crisis climática nos obliga a encaminar mayores esfuerzos en el trabajo legislativo para lograr armonizar y adecuar la legislación existente, garantizando con ello que el marco jurídico atienda efectivamente la problemática ambiental en un contexto real.
El legislador insistió en la necesidad de retomar lo establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
Señaló que, aunque poco se habla sobre su importancia, este Acuerdo promueve el ejercicio pleno de los “derechos de acceso” o “derechos de la democracia ambiental”, con especial atención a la protección de los derechos de humanos de igualdad y no discriminación a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el artículo 14, se propone que “la Secretaría comunicará a la Coordinación Nacional de Protección Civil las acciones para que, en términos de lo previsto por la Ley General de Protección Civil se difunda a las comunidades y centros de población cercanos, la información de manera oportuna a través de los medios de comunicación públicos y privados, incluyendo, en su caso, la traducción a las lenguas indígenas de la región que se trate”.
En el artículo 15 los diputados plantean “fortalecer la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza”, mientras que en el artículo 159, se propone que toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, “así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad”, pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por “las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública”.
Se añade que toda petición de información ambiental deberá presentarse “en términos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública” y especificando claramente la información que se solicita.
El dictamen, que se turnó al Senado para sus efectos Constitucionales, incluyen también propuestas de los grupos parlamentarios de Morena, del PRI y del PAN.
