El Congreso del Estado de México aprobó la interrupción legal del embarazo o despenalización del aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación, lo cual contempla cambios a los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal estatal.

La reforma celebrada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, modifica el artículo 248 para contemplar que no se considera delito la interrupción del embarazado a las 12 semanas; no obstante, sí hay penas para quien practique, consienta o ejecute un aborto después de las 12 semanas completas.

A quien cometa la interrupción sin el consentimiento de la mujer, le impondrán de 5 a 10 años de prisión y de 50 a 400 días de multa, sanción que podría aumentar una mitad si lo comete un servidor público.

Asimismo, se les suspenderá la licencia al personal de 3 a 6 años al personal de salud que apoye en esta actividad y hasta 20 si es que se reincide.

Sobre el artículo 251, se modifica porque no se considera delito la interrupción del embarazo cuando sea resultado de una violación o inseminación artificial o no consentida; además de que el proceso ponga en peligro la vida o salud de la madre o el producto; o se considere que afecte la salud física o mental de la madre.

Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de la bancada de Morena en el congreso mexiquense, indicó que la discusión del proyecto en comisiones legislativas estuvo apegado a la normatividad parlamentaria y que el reconocimiento de este derecho es el cumplimiento de una deuda que se tenía con las mujeres del estado:

“Es una iniciativa, somos el Estado número 18 en el país, no es algo nuevo que sea para el Estado de México, simplemente le estamos dando y ratificando y confirmando el derecho a la mujer por su cuerpo y a decidir lo que debe ser, es parte de los que estamos haciendo”.

El diputado federal Julio Scherer Pareyón, del Partido Verde, expresó su respaldo a la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, misma que ya fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Con esta reforma, estamos sentando las bases para construir una paz duradera, una paz que tenga sus raíces en la reconstrucción del tejido social, más oportunidades para la ciudadanía y un Estado fortalecido en sus capacidades de seguridad”, expresó durante su intervención.

Scherer Pareyón subrayó que la propuesta de reforma al artículo 21 de la Constitución busca fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Este esfuerzo, apuntó, permitirá crear un cuerpo de investigadores de campo que trabaje de manera coordinada con las fiscalías locales y federales, con el objetivo de integrar averiguaciones sólidas y prevenir la comisión de delitos mediante estrategias basadas en inteligencia policial y operativa. 

Además, destacó que el Centro Nacional de Inteligencia ya inició un proceso de reestructuración, aumentando su presencia en campo y fortaleciendo sus capacidades, en beneficio de instituciones como la Guardia Nacional y las fiscalías estatales.

Scherer Pareyón señaló que, como parte de esta estrategia, se fortalecerán los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas para garantizar el uso eficiente de los recursos federales destinados a la seguridad pública, asegurando que estos contribuyan directamente a la mejora de los servicios policiales y de atención ciudadana en todo el país.

Con la unanimidad de 441 votos a favor y mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas al artículo 21 constitucional para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y otorgarle atribuciones para investigar delitos, dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad y coordinar el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, entre otras.

El documento fue enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

Establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.  

Precisa que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.

Además, el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

También, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional y le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en los términos que señale la ley.

Podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

En el régimen transitorio, menciona que, en el término de noventa días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizará la armonización normativa de los instrumentos jurídicos que correspondan.

Mientras que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que no se asignarán partidas presupuestales adicionales durante el presente ejercicio fiscal.