De acuerdo con la organización Amnistía Internacional (AI), la vida de 238 venezolanos encarcelados en El Salvador, enviados ahí por el gobierno del presidente Donald Trump, «se encuentra en peligro» por las violaciones a derechos humanos que se estarían dando en las prisiones salvadoreñas y la implementación en el país de un régimen de excepción contra las pandillas.
De acuerdo con Ana Piquer, directora para las Américas de AI, este traslado y la desobediencia de una orden judicial que lo prohíbe «representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump».
A juicio de Piquer, estas acciones también son «un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente (Nayib) Bukele», cuya Administración es acusada de atropellos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones de corta duración y muerte de detenidos con signos de violencia.
AI indicó que ha documentado las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos los presuntos criminales: «Los informes indican hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante”.
