La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, advirtió que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine la prisión preventiva, en el país serán liberados 68 mil delincuentes.
Indicó que el pasado 12 de abril, el gabinete de seguridad envió una carta a todos los ministros de la Corte para comentarles del problema que generaría la liberación de estas personas peligrosas.
La encargada de la política interna en el país aseguró que entre los reos que podrían ser beneficiados hay feminicidas, homicidas, secuestradores y violadores.
“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”, alertó.
Luisa María comentó que los estados que registrarían las mayores liberaciones son: Estado de México (21 mil 718), Jalisco (8 mil 342), Veracruz (4 mil 554), Michoacán (3 mil 315) y Puebla (3 mil 044).
“La liberación de estas personas, como hemos dicho, pondría en riesgo primero a los testigos y víctimas que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal, desde policías, fiscalías, los propios juzgadores. Vemos un riesgo de la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados al crimen organizado”, subrayó.
Cabe señalar que, hace más de un mes, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó al Pleno de la Corte un proyecto donde propone expulsar la figura del arraigo, la prisión preventiva oficiosa y que, los casos donde se denuncie tortura sea investigada de manera independiente.
El proyecto tiene que ver sobre la forma en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) dará cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso García Rodríguez y otro vs México.
La resolución que se emita deberá ser acatada por los jueces de todo el país, tanto federales como locales.
Este caso será el que delinee la forma en que los juzgados y tribunales deberán comenzar a resolver los asuntos donde se impugne el arraigo, la prisión automática y las denuncias por tortura.
El ministro subraya que no se puede cuestionar la sentencia de Corte IDH, porque es cosa juzgada y lo único que procede es acatar.
