En una acción judicial sin precedentes, la administración del presidente Donald Trump inició un proceso legal para revocar la ciudadanía a por lo menos 17 ciudadanos estadounidenses naturalizados. De acuerdo con un reporte exclusivo de la cadena CBS News, el Departamento de Justicia (DOJ) catalogó esta ofensiva como el mayor esfuerzo coordinado en la historia del gobierno de los Estados Unidos para aplicar sus poderes de desnaturalización.
Las autoridades federales argumentan que los individuos afectados —originarios de naciones como Cuba, Colombia y Haití— incurrieron en graves omisiones y ocultaron su participación en actividades delictivas de alto impacto al momento de realizar sus trámites de naturalización durante la última década. Entre los delitos graves que presuntamente encubrieron en sus formularios migratorios se encuentran abusos sexuales contra menores de edad, fraude electrónico, fraude a la atención médica (Medicare) y falsificación de documentos migratorios.
La magnitud de este golpe legal resalta al compararse con las métricas históricas de la Unión Americana: entre los años 1990 y 2017, el Departamento de Justicia presentaba un promedio de apenas 11 demandas de desnaturalización por año. En contraste, esta semana se radicaron 17 casos simultáneos en diversos tribunales federales del país. De prosperar la iniciativa del DOJ, los implicados perderán de forma inmediata los derechos constitucionales de su ciudadanía, volverán al estatus de residentes permanentes y enfrentarán procesos expeditos de deportación a sus países de origen.
