Publicidad

Un gran jurado federal de Estados Unidos imputó formalmente este miércoles 18 de noviembre de 2026 al ciudadano ruso Igor D’iu por presunto espionaje y vigilancia clandestina contra una empresa de defensa y tecnología ubicada en Silicon Valley, California. Según el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el acusado enfrenta cargos por conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación al fiscal general, acoso interestatal y fraude con documentos de identidad, tras haber sido reclutado, financiado y dirigido por Moscú mediante la plataforma Telegram para vigilar a empleados de dicha compañía bajo el argumento de que esta suministra armamento utilizado contra Rusia en la guerra de Ucrania.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, D’iu ingresó de forma irregular a territorio estadounidense en junio pasado luego de viajar desde Estambul, Turquía, hacia la Ciudad de México, punto desde el cual sus cómplices lo conectaron con un traficante que lo introdujo clandestinamente por la frontera sur. Una vez instalado en California y provisto de equipamiento técnico, identidades falsas y recursos financieros, recibió instrucciones de monitorear a trabajadores de la firma tecnológica en una cafetería de Palo Alto, llegando incluso a recibir órdenes para intentar acceder de forma remota a la información contenida en las computadoras portátiles de los empleados.

Las pesquisas federales documentaron que el operativo ruso ejecutó labores extensivas de seguimiento físico y rastreo electrónico, incluyendo la búsqueda de domicilios particulares y la persecución vehicular de una empleada durante cerca de 30 millas (48 kilómetros). Según el relato oficial, D’iu realizó giros indebidos y cruzó un semáforo en rojo para no perder de vista a la víctima, quien al percatarse del acoso llamó al 911 y condujo hasta una estación de policía en San Francisco, momento en el cual el sospechoso abortó la persecución antes de ser finalmente capturado en octubre.

El subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, Roman Rozhavsky, advirtió que esta detención envía un mensaje contundente de que los colaboradores encubiertos de gobiernos extranjeros no están fuera del alcance de la justicia estadounidense, mientras el fiscal federal adjunto M. Scott Proctor calificó las acciones como una flagrante violación a la soberanía nacional. De ser declarado culpable de todos los cargos en su contra, Igor D’iu, cuya próxima comparecencia judicial quedó fijada para el 21 de noviembre, enfrenta una condena máxima de hasta 21 años de prisión federal y multas por 850,000 dólares, en un caso que sale a la luz el mismo día en que los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin coincidieron en la cumbre de APEC en Shenzhen, China.