El equipo legal de 8 elementos del Ejército que fueron aprehendidos la semana pasada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que guardan relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, dijeron que este caso deriva de una “persecución política” y de amenazas de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde.
“Este tipo de cochinadas que están haciendo no tienen nada que ver con el Estado de Derecho”, declaró el abogado César Omar González, quien dijo que en vez de solucionar el caso Ayotzinapa lo están enredando más.
Al respecto, el abogado Alejandro Robledo Carretero expresó:
“Misteriosamente y después de haber escuchado desde la Secretaría de Gobernación la amenaza de la secretaria (Luisa María) de que iba a solicitar nuevas órdenes de aprehensión, el 22 y 23 de enero, la Fiscalía General de la República declaró a los testigos protegidos de identidad ‘Carla’ y ‘Neto’, quienes eran miembros de Guerreros Unidos y que participaron activamente en los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en 2014.
“Estos testigos ‘Carla’ y ‘Neto’ fueron evidenciados por mentirosos y manipuladores. Por ejemplo, el testigo ‘Carla’ aportó en su momento mensajes de WhastApp para involucrar en su momento a elementos del Ejército mexicano”.
Robledo Carretero comentó que el año pasado, la jueza federal Raquel Ivett Duarte Cedillo, titular del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, negó la orden de aprehensión en este mismo asunto, pero ahora “extrañamente” la concedió.
“Ahora, estos testigos señalan que por temor y miedo no habían declarado, lo cual es absolutamente falso, ya que habían rendido la declaración en diversas ocasiones, incluso pidiendo perdón a Dios por los delitos que habían cometido. Y ahora resulta que nueve años después recuerdan hechos y circunstancias y detalles para imputar al personal militar”, mencionó el litigante.
Dijo que está mal que el presidente Andrés Manuel López Obrador se meta en una investigación de carácter penal “donde nada tiene que hacer”, y donde “al parecer su secretaria de Gobernación se convirtió en su brazo armado para lograr conseguir las órdenes de aprehensión”.
