El líder nacional del PAN, Marko Cortés, informó que presentó un recurso legal porque el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido omiso en cumplir las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenan contar con un plan para proteger a las personas que el próximo 2 de junio contenderán por puestos de elección popular.
Aseguró que el órgano electoral no ha generado mapas de riesgo, ni ha firmado convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y tampoco ha creado filtros de investigación para blindar las elecciones del crimen organizado.
Marko Cortés indicó que las acciones ordenadas por la Sala Superior han sido cumplidas de manera muy deficiente o ha habido un incumplimiento total.
Por ello, presentó un incidente de incumplimiento ante la Sala Superior del TEPJF porque el INE no ha emitido medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado.
“Tal es el caso del diseño y metodología de planes de acción en procesos electorales en zonas conflictivas o de riesgo, donde no se ha diseñado una estrategia para garantizar la seguridad de todos los actores.
“Tampoco se han elaborado mapas de riesgo ni tampoco se han creado filtros para que en las candidaturas los partidos y autoridades cuenten con información veraz y precisa para evitar la infiltración de personas de grupos criminales”, explicó.
El dirigente del albiazul mencionó que, desde la emisión del protocolo en diciembre de 2022 a la fecha, únicamente se han realizado dos mesas de trabajo, dos informes, uno en diciembre de 2023 y otro en enero de 2024, y el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente pues propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.
El protocolo, además, solo prevé la protección de algunas candidaturas, sin tomar en cuenta que en el proceso electoral se renuevan más de 20 mil cargos, y son las candidaturas a nivel local las que tiene un mayor riesgo, incluidos los encuestadores, funcionarios y representantes de casilla, y nadie de ellos están contemplados.
Asimismo, reclamó que la protección propuesta en el esquema de seguridad no atiende a la realidad del país, ni a los aprendizajes históricos de procesos electorales anteriores, pues se trata de una medida que ha sido propuesta en otros procesos electorales y no ha funcionado.
“Hacemos un llamado urgente a que se tomen en consideración todas estas observaciones porque nos encontramos ante uno de los procesos electorales más grandes de la historia de México, el cual se encuentra en riesgo por la creciente violencia que vive el país”, enfatizó.
El sexenio de López Obrador, abundó, se ha convertido en el más violento con más de 180 mil asesinatos, por lo que es importante que las autoridades electorales tomen acciones ante la expansión del crimen organizado a todo el territorio nacional.
También pidió al INE que cree un comité u órgano para tomar medidas de prevención de violencia e inseguridad en los procesos electorales, ya que se pronostica el proceso electoral más violento en la historia, debido a que en los últimos años se han incrementado los ataques contra políticos y funcionarios públicos.
Subrayó que existe un enorme riesgo de financiamiento ilícito, por lo que es necesario que la autoridad electoral realice las previsiones e investigaciones necesarias para evitar que el dinero del crimen sea inyectado en las campañas electorales.
