La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico condenó este domingo el despliegue masivo y la presencia intimidatoria de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes portando armas largas han ocupado las calles en diversos sectores de la isla habitados por familias inmigrantes.
La directora ejecutiva de la entidad, Annette Martínez Orabona, aseveró que los operativos presenciados desde el jueves forman parte de un patrón sistemático de violencia y asedio hacia las comunidades extranjeras, el cual ha derivado en arrestos arbitrarios sin mediar orden de aprehensión judicial, fractura de núcleos familiares e interrupción de trámites de regularización migratoria.
Frente a la movilización de las fuerzas de seguridad federales, la jurista subrayó que la ciudadanía tiene el pleno respaldo legal de la Primera Enmienda de la Constitución para grabar, registrar y fiscalizar los despliegues de los uniformados. Precisó que la documentación visual es un recurso indispensable para auditar el uso de la fuerza pública tanto a nivel estatal como federal, por lo que nadie debe ceder al miedo o la coacción institucional.
Asimismo, Martínez Orabona puntualizó que la vulneración de los derechos humanos no atañe con exclusividad a las autoridades de Washington, sino que involucra la complicidad del aparato estatal encabezado por la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, a quienes señaló por facilitar la entrega de registros que facilitan la localización y persecución de los afectados.
