El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que identificó miles de personas que no serían ciudadanos estadounidenses en los padrones electorales de cuatro estados, como parte de un programa federal de verificación impulsado por la administración del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad de las elecciones.
De acuerdo con el DHS, la revisión se realizó mediante el Sistema de Verificación Sistemática para Derechos de Extranjeros (SAVE), una base de datos utilizada para comprobar el estatus migratorio de personas que solicitan beneficios públicos y que recientemente fue ampliada para apoyar a las autoridades estatales en la verificación de registros electorales.
Según la información difundida por el gobierno estadounidense, el análisis inicial en cuatro estados permitió detectar miles de registros que ahora deberán ser revisados por las autoridades electorales locales para determinar si corresponden efectivamente a personas sin ciudadanía o si existen errores administrativos en las bases de datos. Hasta el momento, el DHS no ha afirmado que esas personas hayan emitido votos de manera ilegal, sino que se trata de registros sujetos a verificación.
El anuncio se produce en medio de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer los controles sobre el sistema electoral. En semanas recientes, el Departamento de Justicia solicitó información de los padrones electorales a distintos estados y el gobierno federal condicionó parte de los recursos de seguridad nacional a la adopción de medidas adicionales para verificar la ciudadanía de los votantes.
La revisión de los registros ha reavivado el debate político en Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca sostiene que las medidas buscan fortalecer la confianza en los procesos electorales y evitar el voto de personas no autorizadas, organizaciones especializadas en derechos electorales y expertos han advertido que los sistemas de verificación pueden generar falsos positivos y afectar a ciudadanos naturalizados o personas cuyos datos no se encuentran actualizados.
La controversia también tiene un componente jurídico. Diversos tribunales federales mantienen litigios sobre el uso del sistema SAVE para depurar los padrones electorales, luego de que organizaciones civiles cuestionaran la legalidad y precisión del mecanismo. A principios de julio, un juez federal ordenó restablecer el acceso al sistema para cuatro estados, mientras continúan las disputas judiciales sobre su implementación.
El tema cobra relevancia de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026, en un contexto en el que la integridad electoral se ha convertido en uno de los principales ejes de la agenda política de la administración Trump y en uno de los asuntos más polarizantes del debate público en Estados Unidos.
